Región luso-extremeña

Una nueva oportunidad para el progreso y desarrollo económico se abre para Extremadura. La creación de una nueva Eurorregión (EUROACE) hispano-lusa conformada por las regiones portuguesas del Alentejo y Centro y la española de Extremadura, viene a consolidar una amplia experiencia de cooperación transfronteriza y de acercamiento entre estos territorios y sus gentes. Por tanto, los cimientos sobre los que se sustenta este edificio, de nueva construcciòn, son lo suficiente sólidos como para que la estructura se venga abajo, y para que nadie pueda atisbar improvisación, precipitación o falta de planificación. Es sin duda una estrategia del gobierno socialista de Fernández Vara, que consolida los pasos dados en anteriores periplos, y que aprovecha el excepcional momento de las relaciones hispano-lusas y las alianzas adecuadas para comenzar esta nueva fórmula de cooperación, consolidada y contrastada en la Unión Europea. Entramos por tanto en una nueva etapa de acercamiento, de esfuerzo común, de entendimiento y de avance conjunto.

Los tópicos “la unión hace la fuerza” o “quien la sigue la consigue” volverán a cobrar sentido en esta iniciativa, que se presume potencialmente interesante y trascendental para muchos de los sectores estratégicos extremeños y portugueses: agricultura, medio ambiente, nuevas tecnologías e innovación, desarrollo económico, cultura, turismo y desarrollo rural. Pero además, hemos de tener en cuenta que Portugal y España, son geográfica e históricamente los lazos de Europa con Iberoamérica, la salida del continente por el Atlántico, y por tanto la puerta hacia nuevas oportunidades de cooperación eurolatinoamericanas que cobran sentido en este mundo globalizado en el que nos movemos, y se perfilan como retos de futuro a considerar. De ahí que proyectos como el tren de alta velocidad (AVE) que pretende unir ambas capitales, española y portuguesa, tenga una dimensión –la europea- mucho mayor que la que pretenden otorgarle algunos líderes políticos.

Ruralita

Fuera de cobertura

Desgraciadamente esta semana se ha visto cumplida una de las premoniciones que de vez en cuando nos pasa por la cabeza a quienes vivimos en una zona rural, y más concretamente en la comarca cacereña de Las Villuercas. Un joven ha perdido la vida en Castañar de Ibor como consecuencia de un accidente, al que se le ha sumado la falta de cobertura de telefonía móvil en el lugar de los hechos. No ha sido el primer caso, ni será el último mientras que desde los poderes públicos no se exija a las operadoras mayor esfuerzo inversor.

Estamos hablando de una comarca con vocación y tradición cinegética, donde todas las temporadas se organizan un buen número de monterías con posibilidades reales de accidentes. Pero además, la zona en cuestión dispone de una gran superficie de espacios protegidos, potencialmente visitados y transitados por turistas, naturalistas y un buen número de personas, que se adentran en el bosque, recorren sus caminos o circulan por sus carreteras. Por todo ello, en pleno siglo XXI no podemos permitir que existiendo tecnología para ello, alguien pueda perder la vida por la falta de ciertas instalaciones, determinantes en zonas como esta. Este nuevo caso debe hacernos reflexionar a todos, pero especialmente a quienes han de promover la instalación de antenas (compañías y empresas suministradoras) y a quienes desde el poder político deben exigirles que garanticen el servicio en todos los rincones de cualquier municipio, de la misma manera que se ha hecho –o al menos se ha comprometido- con la TDT, una cuestión obviamente banal y sin riesgo alguno para la ciudadanía, comparada con la cuestión que nos ocupa. Espero que la nueva Ley de Desarrollo Sostenible para el medio Rural que comenzará a desarrollarse en breve, contemple la realización de esas infraestructuras tan necesarias. Y sobre todo deseo, que determinados sectores no se opongan a su instalación, porque -al menos para mí- la especie más importante a preservar en el mundo rural, es sin duda el hombre.

Ruralita

Contratos en regla

De nada nos sirven los derechos reconocidos en artículo 4º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando no existe una relación contractual entre empleado y empleador. Muchos intuimos que esta práctica ilícita y fraudulenta forma parte de la cotidianeidad, y del día a día de un buen número de empresas de todos los sectores y en cualquier rincón de nuestro país. El caso del inmigrante boliviano Franns Rilles ha sido sin duda un exponente más de esta fórmula de explotación laboral que si bien no está normalizada (porque obviamente todo lo que no está fuera de ley no debe tener dicha consideración), al menos si se encuadra en una situación más o menos frecuente, que contribuye de manera notable al incremento de las listas del paro.

Muchos hemos sido cómplices de esta irregular fórmula de trabajo. Yo mismo, alguna vez trabajé sin contrato en el sector de la hostelería e imagino que muchas personas lo han hecho, sin tener en cuenta la importancia que tiene estar como se dice popularmente “en regla” y las repercusiones que el hecho de no estarlo acarrea, como se ha puesto de manifiesto en el caso de la panadería de Valencia, que además nos muestra la cara más triste de la inmigración ilegal y de la vulneración de algunos de los más elementales derechos humanos.

La solución de este tipo de situaciones no es nada fácil. Parece que la presión y persecución del fraude por parte de la autoridad laboral es un camino adecuado, pero con demasiadas fisuras y dudas sobre su aplicación. Más bien se trata de un problema de concienciación social y de compromiso, específicamente de quienes sufren de manera directa la explotación. Algo complejo que necesita de mucha osadía y de un apoyo desinteresado por parte de los sindicatos y colectivos afines a los trabajadores. Es realmente vergonzoso que se le pueda dejar tirado a nadie con un brazo amputado a la puerta del hospital y que se sigan aprovechando las debilidades y desesperaciones de muchas personas para enriquecerse a su costa.

Ruralita

La hora del cooperativismo

Cuando de pequeño participaba en la recolección de la aceituna siempre me hacía la misma pregunta: ¿Por qué la mitad del producto que se recogía exclusivamente por mi familia tenía que ir a parar al dueño del olivar? Después, con el paso del tiempo y de la madurez, uno se da cuenta de que en cierto modo, todo no es mucho más diferente, salvando algunas distancias que afortunadamente nos alejan de algunas prácticas que ya forman parte del pasado. El cabreo que en aquellas circunstancias se apoderaba de mi, debe ser similar al que muchos agricultores y ganaderos experimentan hoy, cuando van a hacer la compra en cualquiera de las tiendas y supermercados, y observan el notable incremento de precio que sufren sus productos y cuyo margen no se sabe muy bien donde va a parar. Junto a este hecho, la creciente subida de insumos parece estar acortando el periodo de vida de muchas explotaciones agropecuarias en la región, especialmente en momentos complicados como los que vivimos en la actualidad.

Ante esta realidad, parece lógico pensar que hay que actuar de modo inmediato, para aminorar en lo posible esta situación. Las organizaciones agrarias apuntan desde hace meses algunas soluciones, como por ejemplo una ley de márgenes comerciales, lo cual necesita de un compromiso político profundo. Sin embargo, creo sinceramente que la única posibilidad, o al menos la más efectiva y duradera en el tiempo, pasa por la concienciación y dinamización del sector. Me refiero específicamente al fomento del asociacionismo y cooperativismo agrario, como la única vía posible para canalizar y recuperar el valor añadido cuya fuga sigue generando desánimo, apatía y mucha soledad. El fracaso de ciertos modelos económicos parece dejar espacio a este tipo de estructuras basadas en la cooperación entre personas. Otorgarle valor al componente humano y utilizar esa estrategia en beneficio de un sector como el agrario, fundamental en una región como Extremadura, es un reto posible y enormemente deseable.

Ruralita