Imparcialidad en entredicho

Tengo que confesar que independientemente de que las querellas o las sentencias determinadas que se dicten contra su persona lo arrastren a lo más bajo, me considero un fans o simpatizante de uno de los jueces más cañeros de la historia de la democracia. Me refiero sin duda a Baltasar Garzón y a sus insólitas cruzadas contra algunas personas de las intocables y en favor de causas tabúes para una buena parte de la sociedad actual, dentro y fuera de nuestro país.

Tengo muy claro que la manera de actuar de Garzón, sus procesos y su trabajo, incomoda a alguien, no sin poco poder, que pretende acabar con la reputación del juez de la Audiencia Nacional y que es una vieja rencilla que se mantiene abierta desde que el juez apareciese cerca del PSOE y más concretamente al lado de Felipe González. Los enlaces que existen entre el partido popular y quienes pretenden poner en jaque al letrado las revela hoy el periódico El País e incluso la imparcialidad de quien ha instruido la causa se pone en duda con los datos que se publican hoy en El Plural.

Espero y confío en la inocencia de Garzón, pero sobre todo espero que si al final se demuestra que no ha cometido los delitos que se le imputan, se retomen algunas causas sobre la guerra civil que se han visto afectadas por estas presuntas relaciones entre quien ha presentado la querella y quien la ha instruido, todas en favor de bloquear ese deseo que buena parte de la sociedad española exige para recuperar a sus familiares.

Ruralita

Paso adelante en la memoria histórica

El varapalo que supuso la retirada de Garzón al frente de las exhumaciones de la memoria histórica ha hecho reflexionar al gobierno, en respuesta a las demandas de las numerosas asociaciones que en todo el país siguen reclamando el apoyo institucional para poder satisfacer el dolor de muchas personas que siguen buscando a sus muertos. El anuncio del gobierno socialista de Zapatero de crear la oficina de atención a las víctimas de las guerra civil y el franquismo es un paso importante que quizás hubiese que haber impulsado antes, pero “nunca es tarde si la dicha es buena”, y en ese sentido creo que no había más remedio que tirar del carro y asumir la puesta en marcha de la Ley que aprobó el Parlamento a finales de la legislatura anterior.

Esta oficina tendrá -según comentaba ayer El País- como cometidos “…la coordinación de las actuaciones con los departamentos ministeriales que sean competentes en cada caso para impulsar el desarrollo de la ley y hacer más rápida la resolución de solicitudes y peticiones. Asimismo se encargará de mantener actualizada la información de los distintos departamentos y facilitarla a administraciones, organismos, entidades, instituciones, asociaciones e interesados…”

Parece por tanto que se avecinan buenos tiempos para la recuperación de cadáveres, para consolar el llanto que aún resuena en muchas cunetas, campos, sierras y valles, e incluso en algunas viejas minas, como es el caso del último episodio de la memoria en Extremadura, donde se cree que en la Mina “La Paloma” de la Zarza, no descansan en paz varios cadáveres de un grupo de personas fusiladas, o bien allí o en el puente romano de Alcántara.

Ruralita

Nuevo empujón a la memoria histórica

De excelente noticia puede definirse el hecho de que el juez Baltasar Garzón se haya declarado competente para poder investigar los actos presuntamente delictivos que las asociaciones de la memoria histórica han denunciado en las últimas semanas, especialmente desde que el juez anunciase su intención de abordar tan noble causa. En un auto cuyo contenido recogen hoy todos los medios de comunicación, Garzón argumenta sus motivos para que sea la Audiencia Nacional la que esclarezca parte de la historia más oscura de este país, y comiencen a exhumarse algunas de las fosas comunes identificadas por las asociaciones, entre ellas las del poeta más universal de nuestro país, Federico García Lorca.

El listado de personas desaparecidas en Extremadura es de 10.266, imagino que la mayoría en la provincia de Badajoz, en cuya capital los primeros días de la guerra civil del año 1936 fueron especialmente duros según cuentan algunos historiadores.

Con este nuevo empujón al desarrollo de la ley de la memoria histórica miles de familiares ven con cierto optimismo la recuperación de los restos de sus seres queridos, aunque parece obvio pensar que el primer paso, el judicial, no implica una rápida gestión, máxime cuando existen otros componentes de tipo científico que necesitan de mucho tiempo y de paciencia, para que al final el resultado sea satisfactorio y sobre todo definitivo. Una oportunidad histórica para determinar algunos de los enigmas que han permanecido silenciados y sepultados a lo largo de los últimos 60 años.

Ruralita

Impulso de la memoria histórica

Foto: http://jesade.blogspot.com

De nuevo el recuerdo de la guerra civil española y sus trágicas consecuencias vuelven a ser noticia en este país, puesto que uno de los personajes más populares del panorama judicial nacional, Baltasar Garzón, parece interesado en que se aclaren las misteriosas muertes y desapariciones acaecidas a finales de los 30, para lo cual -según hemos conocido en los medios- va a proponer la creación de un censo de víctimas cuyos trámites ya ha iniciado requiriendo a algunas instituciones, entre ellas a la Conferencia Episcopal Española, a abrir sus archivos a los investigadores judiciales, en una clara estrategia de hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica en un momento en el que la misma estaba de capa caída o al menos no se estaba desarrollando de la manera en que inicialmente se pensaba.

El juez actúa en respuesta a una serie de denuncias presentadas en su juzgado por asociaciones y personas, y es la primera gran acción judicial que se emprende desde que se aprobase, no sin polémica, el texto de la Ley. Parece lógico que si existen familiares de desaparecidos o muertos, en el indeseable conflicto que se desarrolló en este país , que desean conocer más sobre ellos tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero lo fundamental en esta acción, como en otras similares es que se mida con la misma vara a las víctimas de ambos bandos, porque tan asesinos y crueles fueron los de un lado como los del otro, tal y como siempre me contaron algunos testimonios de aquel conflicto, puesto que personalmente no tengo los datos para poder corroborar tales afirmaciones.

Otra cuestión bien distinta es que se pretenda usar este derecho recogido en la ley con fines políticos y con el ánimo de generar discordia, confrontación y división entre los ciudadanos españoles. Esto supondría en mi opinión un error garrafal que no conduciría a nada deseable para el futuro de nuestro país y para mantener esa convivencia pacífica que se ha venido manteniendo en estos últimos 70 años, a pesar de que siempre hubo quienes han guardado el rencor y el odio, y quienes aún viven con él. Es normal tratándose de muertes siempre injustificadas y de situaciones incomprensibles que desgraciadamente, a lo largo de la historia de la humanidad se repiten.

Por tanto, la justicia y el derecho deben ir unidos de la cautela y la discreción que este tipo de sucesos y acciones, en las que interviene en gran medida el sentimiento humano, deben de tener.

Ruralita