Imagino el cabreo que tendrán los familiares de las víctimas del Yak 42 y las caras que se les habrán puesto hoy cuando han conocido la sentencia que condena al general Navarro (ese al que condecoró Trillo antes de dejar el Ministerio de Defensa) a tres años de prisión. Respetando la independencia que el poder judicial tiene tengo que confesar que pienso que se trata de unas condenas injustas e insuficientes, en virtud de lo exigido por la defensa de las víctimas. Sin duda la testificación de los forenses turcos fue determinante pero insuficiente para implicar a las autoridades políticas que obviamente cursaron las órdenes concretas a los militares responsables. Órdenes que les hicieron traerse a toda prisa los restos humanos sin identificar de algunos patriotas militares que dieron su vida por este país y que desde algún lugar del cielo reclaman que el mismo país que les hizo perder la vida de esa manera, “en acto de servicio” comience de alguna manera a exigir esa justicia que parece no haberse realizado plenamente y que exigiría la celebración de más juicios en torno a este asunto.
Es una vergüenza que al final siempre paguen el pato los mismos. Espero y deseo que esta sentencia -que reconoce que ha habido negligencia y delito- sea el principio de otras que puedan llegar en los próximos meses o años y que contribuya a calmar la sed de justicia que aún merodea sin cesar en la memoria de los familiares y que serían un acto patriótico y de ejercicio de democracia en un estado de derecho que con setencias como esta, se tambalea y se aleja de cierta credibilidad.
De momento al general condecorado se le debería exigir la devolución de la medalla al estado y a sus superiores, un juicio en toda regla.
